Si nuestro ministro de educación no es un pedagogo, como mínimo debería tener criterio

Septiembre, 2020 | Columna de opinión por Constanza Pacheco Bustos

Raúl Figueroa, no respeto sus ideas, tampoco su cargo como ministro de educación, menos quien lo puso en ese puesto. Sin embargo, respeto su derecho a la vida. Dígame ¿le importa la vida de las personas que podrían morir con la vuelta a clases? ¿cree que las muertes son sólo cifras medibles? ¿acaso el dolor de perder un ser querido se puede contabilizar?

El día 16 de marzo de este año el MINEDUC, suspendió las clases presenciales, habían pasado tan solo 5 días desde que la OMS declarara al covid-19 como pandemia. En ese entonces habían 156 contagiados en Chile. Estamos en septiembre y cada día se contagian al menos 1500 personas más ¿Cuál es la diferencia entre el primer día con suspensión de clases y hoy? ahora hay muchas más personas contagiadas, volver a clases en un contexto peor es una contradicción.

El 16 de septiembre las palabras del ministro Rául Figueroa señalaron que: "para algunos sectores no hay ninguna voluntad ni siquiera de trabajar para que eso sea posible.” ¿Figueroa está informado sobre lo que está ocurriendo en otros países con la vuelta a clases? ese mismo día, la página web de Tele13, publicó que en Francia, durante esas últimas dos semanas se han cerrado más de 80 escuelas por rebrote.

No quisiera perder la oportunidad de recordar cuando el día 9 de agosto el ministro señaló que “Hay profesores que no quieren volver a clases y que lo digan derechamente, están cómodos”. Da vergüenza y rabia esa demostración evidente de ignorancia y la falta de respeto a lxs educadores de este país, con lxs cuales este Estado ha sido bastante ingrato. Lxs profesores no solo se dedican a pasar materia desde las casas con una copa de vino a lo Jacqueline Van Rysselberghe. Varios han tenido que buscar mil formas de lograr que lxs alumnxs aprendan, dirigiéndose incluso a sus casas a dejarles las tareas para lograr acortar la brecha digital existente, cumpliendo con labores que exceden sus horas de trabajo. Además, la retribución hacia este gremio es francamente ingrata.

¿Qué nota le pone a mi crítica señor Figueroa? Ah...verdad que no estudió pedagogía, si no que un Máster en Derecho de la Empresa, perfecto para seguir configurando una educación de mercado, me imaginó por qué fue elegido por Piñera, el que sigue como presidente pese a las miles de personas que han exigido su renuncia.

Cualquiera que haya estado en una sala de clases de educación básica sabe que es imposible pretender que lxs niñxs no jueguen entre ellxs, que no se toquen o que permanezcan a más de un metro de distancia. En mi colegio teníamos que pasar poto con poto cuando había dos personas que querían transitar por el mismo pasillo de la sala. No existe el espacio para instalar la distancia necesaria. No es viable, para lograrlo sería necesario instalar un régimen de control casi de instrucción militar para que lxs niñxs no se acerquen, lo que resultaría muy perjudicial para su salud mental. Desde todo punto de vista un fracaso.

Vuelvo a recalcar, no son cifras, son hijxs, hermanxs, madres, padres, tíos, abuelxs.

(Despedida a Luis Pacheco Castro, adorable poblador de la Legua, fallecido por covid-19 el 14 de septiembre 2020. Contagiado por salir a trabajar, pues la pensión no le alcanzaba.

Foto de Constanza Pacheco Bustos)

Crónica anunciada de una crisis política y social

Septiembre, 2020 | Gaspar Mendoza

El 4 de agosto, una explosión en Líbano produjo la muerte de 160 personas y más de 6000 heridos, además generó una crisis que derivó en la renuncia de todo el gobierno, seis días después del estallido.

(fuente: Nuevo Periódico)[0]

Los videos que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, mostraban una impresionante explosión en la capital libanesa. El estallido dejó más de 150 muertos y 6000 heridos, pero ¿qué sucedió realmente? ¿se pudo haber evitado? ¿por qué el gobierno renunció tan solo 6 días después de la explosión? toda esta información la expondremos en el siguiente artículo.

(Foto: Agencia AFP)

El inicio de la crisis social:

Desde el pasado 18 de octubre de 2019, se desarrollaron una serie de manifestaciones sociales, debido a los impuestos progresivos hacia servicios de redes sociales digitales dado por el gobierno ante la crisis económica de 2017.

Los impuestos no solo se limitaban a las llamadas telefónicas en línea de WhatsApp (el principal servicio afectado), también estaba destinado a la gasolina y el tabaco. Antes de las protestas, se tenía previsto oficializar dichos impuestos el 22 de octubre [1].

A pesar de que el gobierno retrocedió en la medida, las protestas continuaron pidiendo la renuncia del presidente debido a la corrupción instalada en la clase gobernante.

Un dato curioso de este acontecimiento, es que se inició justo el día 18 de octubre, donde en Chile se iniciaron igualmente una serie de protestas conocidas como la “Primavera Chilena” o el “Estallido Social Chileno”.

COVID-19 en el Líbano:

Luego de constantes manifestaciones, el 22 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en el Líbano. Esto significó que el gobierno de Hassan Diab tomará medidas para disminuir el movimiento en las ciudades y el uso obligatorio de mascarillas [2]. Sin embargo, las manifestaciones que pedían la renuncia del gobierno y el parlamento continuaron, pero en menor intensidad que lo ocurrido previo a la pandemia.

A pesar de ello, un hecho marcó el quiebre total del proceso democrático en el país árabe: la devastadora explosión en el puerto de Beirut.

La explosión:

Alrededor de las 6 PM, hora local, del martes 4 de agosto de este año, hubo una

explosión en la zona portuaria de la capital libanesa, Beirut. Le siguió un incendio, varias pequeñas explosiones y finalmente una poderosa detonación, que provocó una potente onda expansiva.

Posteriormente, el primer ministro, Hassan Diab, señaló que 2750 toneladas de nitrato de amonio habían explotado. Estas, fueron confiscadas en otoño de 2013, desde una carga de un barco que iba de Georgia rumbo a Mozambique [3]. De esta manera, se descartó un posible atentado terrorista que se había supuesto desde un principio, debido a sus conflictos con Israel y, por ende, con Estados Unidos.

Pero ¿para qué se utiliza el nitrato de amonio y por qué fue tan gigante la explosión de este material químico?

El nitrato de amonio es una sal inodora que se utiliza en la agricultura y la construcción para la producción de fertilizantes y explosivos. Sin embargo, generalmente el producto químico se almacena bajo condiciones estrictas de seguridad, no se debe permitir que la sal esté cerca de combustibles o fuentes de calor, como sucedió en este caso.

En muchos países de la Unión Europea, el nitrato de amonio debe mezclarse con cal por razones de seguridad. La sustancia ya ha dado lugar a numerosas explosiones peligrosas en las últimas décadas, tales como explosión contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, el atentado en Oklahoma (1995) y la explosión en la planta Oppau, en Alemania, que mató a 500 personas.[4]

Pedro Fuenzalida, ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, indicó que “bajo condiciones normales de almacenamiento y a temperaturas moderadas, el nitrato de amonio es difícil de inflamar. Sin embargo, malas condiciones de seguridad (como fue confirmado por las autoridades libanesas) y/o una pequeña explosión pudo haber desencadenado la reacción del nitrato de amonio”.

(Foto: Agencia AFP)

Según los informes gubernamentales, las detonaciones pudieron oírse en todo el país, y también en Nicosia (capital del país vecino), a 240 kilómetros de distancia, en la isla mediterránea de Chipre.

Si se analiza la magnitud y la distancia afectada por la explosión, es posible calcular que si un estallido de esta magnitud explotara en Santiago de Chile, desde el Cerro Santa Lucía, la destrucción habría alcanzado desde Las Condes a Pudahuel y desde Huechuraba a La Granja [5].

¿Un posible atentado?:

Teniendo en cuenta el contexto de guerra civil que sufrió el Líbano durante el periodo de 1975 y 1990, no es extraño que se asociará a la explosión como un posible atentado.

La explicación lógica daría como responsable al Estado de Israel, país que recién en el año 2000 retiró por completo su tropa de el Líbano y con el que aún existen roces fronterizos.

El conflicto que tiene el Estado de Israel con el Líbano tiene vasta historia, un acontecimiento que marcó un antes y un después fue la crisis Israelo-Hezbolá en 2006, que desencadenó en una cruenta guerra por 34 días en el Estado libanés. La cual concluyó con la victoria militar libanesa y pausando el conflicto entre estos dos países.[6] Desde entonces, se ha establecido un alto al fuego unilateralmente y se ha mantenido “la paz”.

Regreso de las manifestaciones:

Las protestas volvieron a tomar fuerza en las calles de Beirut luego de meses paralizadas por la pandemia. Lo anterior, debido a que el estallido se produjo tras una serie de negligencias prolongadas durante los últimos seis años (desde que fue confiscada), sumado a los múltiples casos de corrupción de la clase gobernante.

Las consecuencias de la detonación están siendo desastrosas para el país, que debido a la explosión, se quedó sin su principal puerta de comercialización, sumado a los miles de heridos y cientos de muertos. Se calcula que 300.000 hogares quedaron inhabitables y pérdidas por más de 5 mil millones de dólares para el país.

(Foto: Agencia AFP)

Debido a estos múltiples factores, durante el 10 de agosto de 2020, el gobierno del mandatario Hassan Diab renunció en bloque, luego que varios ministros ya habían dejado sus puestos.

El ahora ex presidente, habló de un establecimiento político corrupto, al que acusó de haber obstaculizado su gobierno de forma incesante y señaló que la tragedia era "el resultado de una corrupción endémica".

De esta manera, los factores políticos y sociales derivados de la explosión terminaron por romper la institucionalidad del país de Oriente Próximo. Respecto a las preguntas que se plantearon al inicio aludiendo al motivo del estallido, se puede concluir que fue responsabilidad de las autoridades, debido a su negligente actuar ocurrió una desgracia que se pudo haber evitado y que costó cientos de vidas y millones de dólares.

Para Wadih al Asmar director del Centro Libanés de Derechos Humanos, el gobierno claramente no pudo manejar la situación y según sus palabras: “La dimisión del gobierno es algo que tuvo que haber ocurrido hace varios días”[7] , no estuvo a la altura para manejar la crisis social que se venía dando desde octubre del año pasado. Obviando también toda la historia y cultura de guerra que posee el Líbano como país del Medio Oriente.

El covid- 19 a nivel mundial también ayudó a elevar la crisis y el nivel de corrupción que develó el sistema libanés hizo inminente la renuncia en bloque del Gobierno.

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Fuentes:

0. Link imagen, fuente Nuevo Periódico: https://nuevoperiodico.com/la-capital-libanesa-beirut-exploto-50-muertos-2700-heridos-se-sintieron-ondas-de-choque-en-toda-la-ciudad-apollo-news-network/

1.(Protests spread across Lebanon over proposed new taxes, Washington Post. Publicado el 17 de octubre de 2019. Consultado el 22 de octubre de 2019.)

2.(Líbano confirma primer caso de coronavirus - Agencia Anadolu. Publicado el 22 de febrero 2020. Consultado el 15 de agosto de 2020).

3.(https://www.dw.com/es/lo-que-sabemos-de-la-explosi%C3%B3n-en-beirut/a-54463347 , publicación del 6/8/2020, extraído el 17/8/2020)

4.(https://www.bbc.com/mundo/noticias-53661541. 5 de agosto 2020, recuperado el 17 de agosto 2020)

5.(https://redgol.cl/tendencias/Que-hubiese-pasado-si-la-explosion-de-Beirut-en-el-Libano-ocurria-en-Santiago-20200805-0018.html, 4/8/2020, extraído el 17/8/2020)

6.(https://www.idf.il/es/minisites/guerras-y-operaciones/segunda-guerra-del-l%C3%ADbano-2006/, extraído el 17/082020)

7.(https://www.elmostrador.cl/dia/2020/08/10/explosion-en-beirut-el-gobierno-de-libano-renuncia-en-bloque-en-medio-de-las-protestas/, 10/08/2020, extraído el 17/08/2020)

En Chile se vulneran los derechos humanos de niñas y niños mapuche

Septiembre, 2020 | Constanza Pacheco Bustos

Los menores de edad del pueblo originario “identifican a las policías y a los fiscales como responsables directos de las violaciones a sus derechos” según Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Dentro del marco del conflicto en la región de la Araucanía, entre el Estado chileno y las comunidades mapuche, puede afirmarse con evidencia empírica que el Estado ha vulnerado sistemáticamente las violaciones a los derechos de la infancia mapuche. La violencia institucional ha sido constatada por las mismas comunidades mediante sus redes de comunicación, como en informes publicados en el INDH (Instituto Nacional de los Derechos Humanos) y por la Defensoría de la Niñez. Los principales perpetradores de esta violencia son carabineros.

La violencia ejercida contra los pichikeche[1] no es algo nuevo, no se trata de casos aislados, es algo cotidiano para la infancia de este pueblo que crece y desarrolla traumas y resentimiento en contra de carabineros.

“Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI) han sido responsables del homicidio de una persona mapuche menor de edad (2002). Heridas productos de balines en diferentes partes del cuerpo (brazos, piernas, cara) a niños y niñas entre 9 meses y 17 años, asfixias por bombas lacrimógenas en casa habitación y recintos escolares, golpes y patadas, encañonamiento y golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, secuestro, discriminación racial y violencia psicológica de corte racista, detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso a menores de edad, detenciones sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.

Además, las comunidades denuncian que cuando han acudido a los Servicios de Salud a constatar lesiones, éstos se han negado a hacerlo o han minimizado el daño físico y psicológico que presentan producto del accionar de la fuerza pública de Carabineros de Chile y de PDI. Cabe señalar que las comunidades mapuche denuncian además decomiso de dinero, herramientas de trabajo, ropa, calzado y juguetes de niño y niña durante los procedimientos policiales.”[2]

El Informe de Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche constata hechos de vulneración a los derechos de la infancia mapuche durante los años 2001 hasta el 2011. Entre ellos el asesinato de Alex Lemún Saavedra, joven de 17 años de la comunidad Montutui Mapu, que en el año 2002 recibió un disparo mortal por parte de Carabineros en la comuna de Ercilla en el contexto de recuperación territorial en el Fundo Santa Alicia.

Entre varios casos más, en el año 2009 en Temuco “Carabineros amenaza con arma de fuego en la cabeza a un niño de 8 años para obligarlo a bajar del segundo piso de su vivienda. Hecho ocurrido en el marco de un allanamiento realizado por carabineros de Fuerzas Especiales al hogar de Dina Coña, donde todos los ocupantes del domicilio fueron víctimas de violencia policial”.

El mismo año “Fuerzas Especiales de Carabineros utilizando dos carros policiales ejercen violencia y disparan contra 80 estudiantes que se toman el establecimiento solicitando el cese de la militarización en la zona y de la violencia y hostigamiento policial en sus comunidades de residencia, lo que afecta negativamente tanto a sus familias, como al desarrollo de sus actividades curriculares.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas, los estudiantes son desalojados violentamente por carabineros de la Prefectura de Malleco, registrándose la detención de 16 estudiantes mapuche (11 hombres y 5 mujeres); 14 fueron trasladados al retén de Ercilla, siendo obligados a entregar sus huellas digitales y plantares y a la utilización de parches de ADN en la espalda, vulnerando las disposiciones del Código Procesal Penal chileno y de pactos de derechos humanos.”[3]

Otro caso de vulneración por parte del Estado a los derechos del niño durante ese año sucedió cuando “Fuerzas Especiales de Carabineros disparan balines en una pierna, un codo y espalda del niño F.P.M., de 14 años, mientras recolectaba hierbas junto al Machi de su comunidad. Carabineros lo persiguen en helicóptero en vuelo rasante por alrededor de tres kilómetros. El niño es reducido, amarrado, golpeado, apuntado con arma de fuego y sumergido en un canal bajo amenaza de muerte. Posteriormente es obligado a subir al helicóptero y una vez en vuelo, con las puertas abiertas, Carabineros amenaza al niño con lanzarlo al vacío si no entregaba nombres de las personas que participaban en la ocupación del predio Santa Lucía, de la zona de Maquehue. Tras ser insultado en forma discriminatoria es trasladado a la Comisaría de Padre Las Casas donde permanece detenido por tres horas aproximadamente, sin que sus padres fueran avisados de su paradero. Hechos ocurridos en el contexto de persecución de mapuche supuestamente vinculados a la toma del Fundo Santa Lucía.

El 22 de octubre de 2009 se presentó una querella contra Carabineros por estos hechos, sin embargo, el Tribunal de Garantía se declaró incompetente, trasladando el caso a la Justicia Militar”. Estos son solo un par de ejemplos entre muchas otras ocasiones donde Carabineros actúa sin orden judicial pasando a llevar derechos como el de educación en allanamientos escolares donde asfixian a los menores con bombas lacrimógenas.

Ese año también se registró el caso del joven de iniciales L.Q.P. de 17 años quien fue herido con 176 perdigones en el cuerpo por parte de Carabineros. Y también el caso de a Erica Catrilaf, herida con perdigones en el cuello y su bebé de 9 meses de edad con un perdigón en uno de los brazos. Así mismo hay casos en el año 2010, “René Urban e hijo, latifundistas de la zona, en compañía de funcionarios de Carabineros agreden, amarran y amenazan con arma de fuego a niño de iniciales M.M.E, de 10 años, y D. M. E., de 6 años, cuando buscaban leña junto a sus padres y abuela en un predio de Forestal Mininco, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Ambos niños presenciaron una fuerte golpiza a su padre, además fueron agredidas su madre y abuela y presentan hoy sintomatología postraumática.

Posteriormente, el niño de iniciales M.M.E habría sido acusado por un profesor de robar un computador en su escuela, habiéndosele señalado que la acusación quedaría sin efecto si se retractaba de declarar la agresión realizada por el latifundista Urban a su padre. Más tarde aparece en la prensa digital la denuncia de una nueva agresión a M.M.E. por parte de un profesor del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, adonde concurre el niño”[4]

En el 2017 los periodistas Yasna Mussa, Sebastián Silva y el fotógrafo Víctor Ruiz realizaron el reportaje “La niñez marcada” en el que registraron varias pruebas de la violencia policial contra la infancia mapuche.

Uno de los niños mapuche que aparece en el reportaje es Samuel, que en año 2017 vivía con cinco perdigones incrustados en su pierna izquierda, uno de ellos a milímetros de la rótula y otro muy cerca de su arteria femural, disparados por Carabineros de Chile a menos de siete metros de distancia.

“Francisco vio cuando le dispararon a Samuel, uno de sus hermanos mayores. Su madre lo había escondido en el baño junto a Natividad, su hermana de 8 años. El allanamiento fue rápido y agresivo, por lo que no dio tiempo de reaccionar con mayor agilidad” según relatan en el reportaje, la familia de Samuel ese día de abril del año 2017 fueron allanados y amedrentados con fusiles, algunos de ellos fueron maniatados, la madre fue amenazada con que desangrarían a sus hijos si ella no decía donde tenía las armas, las cuales ella asegura no poseer.

"Heridas" (fotografía de Víctor Ruiz Caballero) [5]

Antes de detener a la familia, Carabineros robó varias cosas de su hogar. Entre estas comida y herramientas.[6] La familia jamás fue informada del motivo de su detención. “Al niño, herido con cinco perdigones, se le informó que sería investigado judicialmente mientras era atendido en el recinto hospitalario, quedando bajo vigilancia de Servicio Nacional de Menores (SENAME).”

En el reportaje también narran la historia de Ismael, niño de 13 años criado fuera de la tradición mapuche, relata que antes de que le dispararan a su hermano mayor Brandon Hernández Huentecol, con más de 140 perdigones en la espalda por un Carabineros, él le echaba la culpa a los mapuche, pero luego de ese día del año 2016 se dio cuenta de que eran los carabineros. Esa vez Ismael fue perseguido por carabineros ““Me apunta con la escopeta y me saca fuerte para atrás, era más grande que la puerta. Tenía miedo porque cuando me apuntó yo pensé que me iba a disparar, una cuestión así. Yo pude haber muerto ese día, pero menos mal que no morí”.

El reportaje también abarca el daño psicológico generado en la infancia de los niños mapuche que han sufrido esta violencia:

“En un informe elaborado por la Oficina de Protección de la Infancia Victoria-Ercilla se señala en relación a un niño agredido: Factores de riesgo: - El niño estaría presentando stress postraumático: pesadillas; flashbacks, terror y ansiedad ante estímulos que rememoran lo acontecido, ansiedad generalizada; (…) - El desarrollo psicológico y social del niño se encuentra en riesgo, pues tuvo un quiebre abrupto en su cotidianeidad, provocado por terceros, que actualmente lo mantiene en una condición de aislamiento y temor”.

El reportaje da cuenta de menores de tres años que sufrieron violencia de tipo “bélica” al haber sido amenazados con armas de guerra, desarrollando cuadros postraumáticos y enuresis debido al temor. Carla Hormazabal psicóloga que trabaja en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia en Tirúa, cuenta que un niño de tres años repetía muchas veces que matarían a su padre.

“Según documentos oficiales que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado ante el Poder Judicial, al menos 133 niños o adolescentes mapuche han sido vulnerados de múltiples formas por parte de Carabineros de Chile y la policía civil entre 2011 y lo que va del 2017. Cifras que solo incluyen los hechos denunciados, pues según el propio INDH hay un número indeterminado de casos que nunca conocen la luz pública y se pierden en los campos y bosques del sur de Chile.”[7]

En el año 2016 Lorenza Cayuhan da a luz engrillada de manos y piernas en el Hospital de Regional de Concepción. [8]

El año 2018 el INDH y la Defensoría de la Niñez presentaron una querella por torturas realizadas por carabineros al adolescente de 15 años (M.A.P.C) que presenció la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca mientras ambos trabajaban juntos.[9]

Este domingo 13 de septiembre 2020, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, presentó una querella por el delito de homicidio calificado en grado de ejecución frustrado ante el Juzgado de Garantía de Collipulli contra quienes resulten los responsables del niño mapuche de 13 años de edad herido de bala. “La familia del niño señaló que había otros siete niños jugando en la comunidad cuando desconocidos dispararon hacia ellos desde un auto.”[10]

Actualmente la radio Control Chile, realiza un programa llamado “NGEN KUTXAL” de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, dirigido por Onesima Lienqueo y la menor de edad “McMillaray” por la defensa de la infancia mapuche. El programa se realiza los días lunes a las 19 horas con el objetivo de hablar sobre la cultura mapuche, los derechos y la contingencia desde la mirada de lxs niñxs.

Los hechos vividos por lxs niñxs mapuche deja ver una evidente violación a los derechos humanos hacia lxs niñxs por parte del Estado de Chile, que no es capaz de garantizar un espacio libre de violencia por parte de las Instituciones del país, pasando a llevar derechos ratificados por Chile en la Convención[11] sobre los derechos del niño en el año 1990.

Fuentes: [1] Pichikeche significa niños o niñas en mapudungun, el idioma del pueblo mapuche. [2] Informe Violencia Institucional hacia la Niñez mapuche, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012. Disponible en: https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2012/08/informe-violencia-institucional-ninez-mapuche-2012.pdf [3] Informe Violencia Institucional hacia la Niñez mapuche, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012 Página 17. Disponible en: https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2012/08/informe-violencia-institucional-ninez-mapuche-2012.pdf [4] Página 16 del Informe de Violencia hacia la Infancia Mapuche. [5] Fotografía de Víctor Ruiz Caballero, disponible en el reportaje La Niñez Marcada https://www.eldesconcierto.cl/especiales/la-ninez-marcada/ [6] “La casa fue registrada completamente. Con un cuchillo rajaron el mosquitero de una ventana y a patadas destrozaron la puerta de la cocina, se llevaron una cámara, un computador, alimentos del refrigerador como yogurt, jugos y cereales; además de las herramientas de la familia Torres Toro, que trabaja principalmente en el campo: una motosierra y dos hachas, según consta en la denuncia presentada por el INDH.” Cita del reportaje “La Niñez marcada”. [7] La niñez marcada, historias de violencia policial contra la infancia mapuche, Silva, S, Mussa, Y, Ruiz, V. Disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/especiales/la-ninez-marcada/ [8]INDH, Recurso de amparo Lorenza Cayuhan (caso engrilada). Disponible en https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1005 [9] INDH, INDH y Defensoría de la niñes presentan querellas por torturas a adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca. Disponible en: https://www.indh.cl/indh-y-defensoria-de-la-ninez-presentan-querella-por-torturas-a-adolescente-que-acompanaba-a-camilo-catrillanca/ [10] El Mostrador, Defensoría de la niñez se querella por homicidio frustrado en caso de niño de 13 años baleado en Collipulli, 13 de septiembre 2020. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/dia/2020/09/13/defensoria-de-la-ninez-se-querella-por-homicidio-frustrado-en-caso-de-nino-mapuche-de-13-anos-baleado-en-collipulli/ [11]UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: https://www.unicef.cl/archivos_documento/112/Convencion.pdf